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afrol News, 16.04.2002 - La liberalización del sector rural clave de Senegal, la producción de cacahuete, no está yendo como se había planeado. Presiones externas para liberalizarlo rápidamente causaron probablemente algunos errores, por lo que el gobierno ahora se encuentra más precavido. Ahora, es el gobierno el que está llevando a cabo las reformas. El sector del cacahuete emplea a la mayoría de la población rural senegalesa en alguna manera. Ha sido el principal cultivo durante varios siglos y ha sido por ello cuidadosamente regulado desde los comienzos de la época colonial. Senegal ha tenido una política de intervención estatal en el sector mucho tiempo antes que sus vecinos, que se embarcaron en la privatización, la liberalización y cortaron los subsidios ya a comienzos de la década de los 90. Estando fuertemente envuelto en los programas de reducción de pobreza del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), Senegal ha presionado, sin embargo, hacia la liberalización de un sector que, de alguna manera estaba rezagado en la sociedad desde hacía tiempo. Las reformas del sector del cacahuete se han centrado, principalmente, en tres aspectos. En primer lugar, en relación con asemejar los precios de los productos del cacahuete con los precios internacionales al reducir los costes de colección y transporte, e introducir precios basados en el mercado. En relación con este tema, el gobierno disolvió en noviembre de 2001 la compañía estatal envuelta en la recolección y transporte del cacahuete, Sonagraines. En segundo lugar, la compañía de procesamiento del aceite de cacahuete, SONACOS, que tiene distintas plantas a lo largo de todo el territorio del país, era la mejor preparada para la privatización (algo que el gobierno senegalés había intentado desde 1995) al proveer el manejo financiero de la compañía estatal. Y, en tercer lugar, un nuevo acuerdo de sistema de organización para el sector de inversores iba ser creado, de forma que se pudiese asegurar la financiación extranjera. Senegal todavía no se encuentra con medidas específicas del Banco Mundial o de la Unión Europea para tener el nuevo sistema de organización aprobado. Una de las principales razones para que la reforma fallase fue la rápida disolución de Sonagraines, una compañía estatal que debería haber inflado los costes de transporte y recolección, pero que ha sido un fidedigno y calculable compañero para los productores de cacahuete. Ahora, transportadores privados, han fallado al establecerse ellos mismos rápidamente, algunas veces conllevando como resultado la especulación de precios. Cuando el nuevo sistema fue finalmente lanzado, operadores privados encontraron dificultades logísticas en asegurarse financiación bancaria - el gobierno no otorgaba préstamos -. SONACOS, normalmente considerada como la principal, recibió financiación en una última etapa. El resultado de la cosecha de este año era que mientras la producción de cacahuetes había sido buena, los beneficios para los cultivadores fueron marginales. Los cultivadores estaban confusos sobre cómo lanzar al mercado sus productos y hay informaciones sobre operadores de transportes que están explotando la situación. Tanto cultivadores como la oposición han criticado la decisión de cerrar Sonaigraines. El Presidente Abdoulaye Wade se ha visto forzado a decir que él actuó siguiendo órdenes del Banco Mundial y del FMI. En su recientemente presentado programa financiero y económico para los años 2002 - 2004, el gobierno senegalés cumple las demandas del FMI. "El gobierno continuará introduciendo su política de liberalización del sector del cacahuete". La recolección y transporte del cacahuete llegará a ser completamente liberalizada. SONACOS será puesta a la venta "antes de 2003". El gobierno también repentinamente está de acuerdo con el FMI en que la participación de compra de SONACOS podría ser reducida a un 40 por ciento. "A cualquier relación, el gobierno no garantizará préstamos a SONACOS ni depósitos de seguridad en favor de SONACOS", manifiesta claramente el programa - abriendo la posibilidad de una bancarrota de la compañía si ésta falta a sus obligaciones en lo que a privatización se refiere.
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