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afrol News, 10.04.2003 - Un aumento de la violencia motivada por causas políticas está amenazando la legitimidad de las inminentes elecciones que se celebrarán la próxima semana en Nigeria, tal y como se denuncia en un informe publicado el jueves por Human Rights Watch. El informe de 39 páginas, 'Test a la democracia: la violencia política en Nigeria', documenta numerosos casos de violencia política en toda Nigeria y pone en tela de juicio las débiles respuestas del gobierno y de la policía hasta la fecha. Desde el pasado año 2002, Nigeria ha visto un aumento de luchas violentas entre las facciones conducidas por los políticos y sus partidarios en todos los niveles del gobierno, denuncia el gobierno. "El éxito de la nueva democracia de Nigeria depende del futuro de esta clase de violencia", afirma Peter Takirambudde, director ejecutivo de la división en África de Human Rights Watch. El Presidente Obasanjo ha dicho mucho recientemente sobre la necesidad de actuar, pero no se han tomado medidas judiciales contra los perpetradores de la violencia. El informe de Human Rights Watch se basa en una investigación realizada en Nigeria durante diciembre de 2002 y febrero de 2003, e incluye varios estudios sobre casos que ilustran los patrones de la violencia a través de diversos estados, destacando el tema de la impunidad. Sin embargo, aunque la policía realizó detenciones en algunos de los casos más característicos, pocos de los detenidos han llegado a ser procesados. En Estado del Delta del Río Níger, donde se encuentra la principal zona de producción petrolífera del país, los conflictos entre los grupos étnicos sobre la distribución de los colegios electorales ha provocado grandes enfrentamientos entre los meses de febrero y marzo. Decenas de personas han muerto y varias aldeas fueron destruidas durante las luchas, primero entre urhobos e itsekiris, y más tarde entre ijaws e itsekiris. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio contingente militar en el área, donde murieron también cuatro soldados. El informe asigna como responsabilidad del gobierno y de la clase
política prevenir y castigar los casos de este tipo de violencia política,
si no se quieren ver deslegitimizadas las próximas elecciones
presidenciales que tendrán su primera ronda el próximo sábado 19.
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