Mauritania
Interior prohíbe diario islámico seis meses antes de las elecciones presidenciales

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afrol News, 06.06.2003 - El gobierno de Mauritania ha prohibido la publicación de un diario islámico y cerrado sus instalaciones, arrestando a sus editores. El motivo es que se acusa al diario de promover e incitar a la violencia, afectando a la seguridad del estado. El caso se produce seis meses antes de las elecciones presidenciales.

- Por lo que sabemos, esta publicación islámica nunca ha realizado ningún llamamiento a la violencia, contrariamente a lo que las autoridades de Mauritania dicen, denunciaba el Secretario General de la organización para la defensa de la prensa, Robert Ménard, a través de una nota.

- Uno no puede dejar de pensar que esto es una prohibición de un periódico que nunca ahorraba en sus críticas al gobierno en una manera de amordazar a un sector de la oposición justo seis meses antes de las elecciones presidenciales, ha subrayado Ménard.

Raya había recibido ya la orden de dejar de publicar a comienzos del mes de mayo, en el momento en el que se arrestaron a unas 30 personas en los círculos de islámicos, acusados de incitación a la violencia. Entre los detenidos se encontraba Jamil Mansour, miembro del parlamento y colaborador de 'Raya'.

Ould Wediaa, redactor de 'Raya', permanece ocultado, según informaba la agencia de información France-Presse el pasado 30 de mayo cuando el Ministerio de Interior acusó al periódico de intentar sabotear al gobierno y de promover la "intolerancia".

Wediaa dijo que el periódico había divulgado las posiciones de todos los componentes de la clase política y que acababa de describir la orden del ministerio como "arbitraria".

La prohibición del 1 de junio fue publicada bajo el artículo 11 de la ley de libertad de prensa del 25 de julio 1991 que dice que "el Ministerio de Interior puede, por decreto, prohibir la circulación, la distribución o la venta de los periódicos [... ] que ponen en peligro los principios del Islam o de la credibilidad del estado, lo que es perjudicial para el interés general o disturbios del orden y de la seguridad pública".

El Ministerio de Interior se niega a dar explicaciones de las decisiones tomadas.
 

 


 


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