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El Presidente de Mauricio ostenta los poderes ceremoniales, pero la ley debe ser aprobada por el Parlamento. Los poderes reales los mantienen el gobierno y el Primer Ministro Anerood Jugnauth. La "Ley de Prevención del Terrorismo" fue promovida por el Primer Ministro Jugnauth y ha sido ampliamente por los partido políticos establecidos en la isla de Mauricio. La oposición parlamentaria protestó declarándose en huelga ante la Asamblea Nacional cuando la proposición de ley se discutió el pasado día 4 de febrero. La proposición, sin embargo, fue aceptada. El entonces Presidente de Mauricio, Cassam Uteem, en funciones desde julio de 1992, rechazó, no obstante, firmar la ley y la volvió a enviar al Parlamento para ser discutida de nuevo. Durante una sesión especial el pasado jueves se mantuvo un segundo debate sobre la ley, siendo de nuevo aprobada. El Presidente Uteem, que iba a dejar su puesto en el próximo mes de junio, rechazó de nuevo el viernes firmar la ley y dimitió el mismo día. Sus responsabilidades fueron transferidas al Vice-Presidente Angidi Chettiar, que igualmente se negó a aprobar la ley anti-terrorista. Chettiar dimitió hace dos días. Como resultado, el Jefe del Tribunal Supremo de Justicia, Arianga Pillay, fue designado hoy Presidente interino. "Actuando como Presidente de la Repúbllica", Pillay aprobó inmediatamente la "Ley de Prevención del Terrorismo", según el diario de Mauricio 'Le Mauricien'. Según un editorial del periódico, los habitantes de Mauricio, sin embargo, dudan de la legalidad de tener al jefe de estado y al jefe de la justicia reunidos en la misma persona. Además, "esta ley no debería de haber sido aprobada por el responsable de justicia", dijo un anterior Primer Ministro de Mauricio al periódico, que recomendaba fuertemente que la firma de la ley fuese ejecutada por otro antes que por el Presidente interino Pillay. La nueva "Ley de Prevención del Terrorismo" ha sido también ampliamente criticada por la comunidad internacional. Amnistía Internacional estaba de acuerdo la semana pasada con la oposición política de Mauricio al reconocer que la propuesta de ley era demasiado rígida y daba muchos poderes a la policía para detener a sospechosos. Amnistía denuncia "haber recibido muchas denuncias por tortura o malos tratos de personas bajo custodia policial, incluyéndose algunos casos de muerte". La oposición política de mauricio reivindica que los derechos de los sospechosos podrían verse disminuidos por la nueva ley anti-terrorista. Amnistía está preocupada por el hecho de que el poder otorgado a los oficiales de policía no conlleve el respeto al derecho que tienen los detenidos a ser asesorados juridicamente antes de las primeras 36 horas tras su arresto. Los grupos de derechos humanos han manifestado estar "preocupados porque la mayoría de las previsiones de la ley son demasiado extensas y no cubren los estándares intercionales legales". La definición de delitos descritos como "actos de terrorismo" debería ser interpretada ampliamente para determinar los derechos fundamentales de la gente. El Primer Ministro Jugnauth, sim embargo, mantiene que la ley no alterará el respeto de los derechos humanos en Mauricio: "La población no tiene nada que temer a la Ley de Prevención del Terrorismo, que sólo será aplicada contra terroristas auténticos".
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