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afrol News, 09.02.2002 - La declaración del estado de emergencia en Argelia cumple hoy diez años. Hay pocos motivos para celebraciones, mantiene Amnistía Internacional, que denuncia que las autoridades en estos diez años no han conseguido acabar con la grave crisis de derechos humanos en el país. En los casos de abusos de derechos humanos, la impunidad sigue siendo la norma. La organización denuncia que los sucesivos gobiernos argelinos después de 1992 no solamente han "fallado en tomar las necesarias medidas para asegurar que se lleven a cabo investigaciones profundas, independientes e imparciales sobre los graves abusos de derechos humanos, sino también han bloqueado repetidamente los intentos de otros de escudriñar la situación de los derechos humanos en el país." - La cortina de la impunidad por los abusos de derechos humanos ha dejado a muchos de los responsables de los más espantosos crímenes escaparse de la justicia y ha negado a las víctimas y sus familiares la oportunidad de solicitar compensaciones, declaró Amnistía en un comunicado publicado ayer. La organización afirma que las violaciones de los derechos humanos se han institucionalizado en Argelia. Solamente en el año pasado se había matado ilícitamente a más de 80 civiles por parte de las fuerzas de seguridad y a docenas más se había torturado y detenido secretamente. Siguen muriendo unas 200 personas al mes como resultado del conflicto armado que ya ha durado una década. El nivel de las matanzas se ha mantenido estable desde hace 1999. Después de 1992, más de 100.000 argelinos han perdido la vida, se ha torturado a miles y otros miles han "desaparecido" después de haber sido detenidos por las fuerzas de seguridad. Todavía, en la gran mayoría de estos casos de serias violaciones de derechos humanos no se ha investigado la verdad tras los hechos y se ha hecho poco para responsabilizar a los culpables, sin importar que los perpetradores sean miembros de las fuerzas de seguridad, milicias armadas del estado o bandas armadas. El gobierno argelino impuso en primer lugar un estado de emergencia de 12 meses el 9 de febrero de 1992, siguiendo la cancelación de la segunda ronda de las primeras elecciones multipartidarias de Argelia, que parecían favorables para el Frente Islámico de Salvación (FIS). Se extendió el estado de emergencia indefinidamente un año después. En octubre del año 1992 también se aprobó un decreto "anti-terrorista" de emergencia. Se incorporaba el decreto casi en su totalidad en la legislación permanente tres años después. - Los abusos de derechos humanos de los que se tienen informes probablemente representan solamente la punta del iceberg, afirma Amnistía, "como es extremamente difícil conseguir información sobre los abusos debido al temor general entre las víctimas y sus familias de que informar sobre esos violaciones solamente exacerbaría su predicamento." La comisión oficial de investigaciones que fue establecida por el gobierno el año pasado para estudiar la matanza de docenas de manifestadores no armados en la región de Cabilia informó el pasado mes de diciembre que no era capaz de completar su misión porque bastantes testigos tenían demasiado miedo para hablarles. También se afirma que las autoridades habían "tomado algunas medidas para asegurarse de que la continua crisis de derechos humanos seguirá sin llamar la atención en la comunidad internacional." Estas medidas incluyen la recientemente aprobada legislación de limitar aún más la libertad de expresión y la severa restricción del acceso de observadores extranjeros. A Amnistía, por ejemplo, no se le había permitido visitar el país durante 2001, tras varias solicitudes, para conducir sus investigaciones regulares. La organización pudo visitar el país dos veces en 2000, pero se le había negado entrar a Argelia desde mediados de 1996. También otras organizaciones de derechos humanos no han obtenido permiso para entrar al país durante el último año. Incluso la ONU se niega a investigar en Argelia. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU solicitó entrar en Argelia en 2000, pero todavía no ha recibido un permiso. Otras agencias de la ONU igualmente esperan ya desde hace años un permiso para investigar en Argelia, como es el caso del Representante Especial de Matanzas Extrajudiciales y el Representante Especial de Tortura. Amnistía declaró en su comunicado que "no se puede seguir sacrificando los derechos humanos básicos en el altar de la seguridad nacional." La organización añade que en este aniversario del estado de emergencia, el gobierno argelino debería confrontarse con sus obligaciones bajo "la legislación nacional y los estándares y prácticas internacionales de derechos humanos."
Fuentes: Basado en Amnistía y archivos de afrol
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